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Civil

Compliance

Las personas jurídicas (como son las empresas o las asociaciones) pueden cometer delitos, por ejemplo, por dos vías:

  • Por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas – y en su beneficio directo o indirecto – por sus representantes legales o trabajadores autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa.
  • Por los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta – y en su beneficio directo o indirecto – por personas sometidas a la autoridad de representantes legales (o trabajadores autorizados de la entidad) cuando los hechos se han cometido por una falta grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad.
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Obviamente, a una persona jurídica no se le va a imponer una pena de privación de libertad (de prisión) pero sí se le pueden imponer otras que son igualmente graves y de efectos análogos: multas de cuantías tan altas que ponen en riesgo la continuidad de la empresa, prohibiciones de contratar, la propia disolución de la persona jurídica (desaparición de la empresa), etcétera. A la vez, las anteriores penas pueden darse acompañadas de medidas contra sus responsables y Directivos (esta vez sí, incluso penas de prisión).

No obstante, si la persona jurídica ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, puede quedar eximida de responsabilidad.
Para ello, debe existir una supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado por el órgano de la persona jurídica que tenga los poderes de iniciativa y de control. Es decir, las personas jurídicas deben elaborar protocolos y procedimientos para que no se cometan delitos en el seno de la misma que les puedan ser imputables y, además, ha de supervisar y controlar que se cumplan.

Riu & Simans Abogados asesora y prepara, en colaboración con las personas jurídicas, un sistema y modelo de prevención de delitos para empresas y organizaciones que les permita evitar esas situaciones críticas, y poder defenderse ante cualquier eventualidad.
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